miércoles, 27 de marzo de 2013

LEY DE MEDIOS EN LA ARGENTINA




San Miguel de Tucumán, 27 de marzo de 2013.


SEÑOR FISCAL FEDERAL GENERAL
JUSTICIA FEDERAL DE TUCUMAN
DR. ANTONIO GUSTAVO GOMEZ
S                           /                            D


Referencia Petitorio: 1º) Amparo por posible Negativa de Justicia. 2º) Se declare inconstitucional y nula de nulidad absoluta a la Ley Nº 26.522, conocida como “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” o “Ley de Medios”. 3º) Se investiguen los múltiples delitos derivados de la aplicación y abusos de la antedicha ley por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo nacional, organismos nacionales y provinciales, como también de gobernaciones y autoridades provinciales, incluyendo negociaciones con entidades y particulares, incompatibles con la ética y las normas de la función pública. 4º) Se de intervención a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y se constituya un Tribunal de Cuentas Nacional con dependencia del máximo Tribunal para auditar y luego juzgar y sancionar los negociados e ilícitos derivados de la aplicación y abusos de la antedicha ley, los que deben ser considerados según la tipificación de los diversos delitos y las definiciones establecidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 5º) Hago declaración personal y profesional de Rebeldía Civil contra la citada ley, con reserva legítima del “…supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión…” mencionado en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.


LUIS ANTONIO MENA, DNI 11.463.182, divorciado, con domicilio real en calle 9 de Julio 417 de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, como ciudadano argentino, por derecho propio y sin patrocinio legal profesional, me presento ante el señor Fiscal Federal General y respetuosamente digo:

1º) Solicito AMPARO a mis DERECHOS HUMANOS, CIVILES, POLITICOS Y ECONOMICOS por posible NEGATIVA DE JUSTICIA, al no contar con patrocinio legal profesional ni con recursos económicos para tal fin, en función de mis derechos como ciudadano argentino, exigiendo pleno respeto de mi personalidad jurídica en base al Art. 43 de la Constitución Nacional Argentina: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva”.
Las normas constitucionales e internacionales que me amparan son:
1. Constitución Nacional Argentina:

  1. Art. 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: … de peticionar a las autoridades
  2. Art. 18.- …Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos
  3. Art. 28.- Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.
  4. Art. 31.- Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales.
  5. Art. 33.- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.
  6. Art. 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.
2. Declaración Universal de los Derechos Humanos:

  1. Preámbulo: Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre.
  2. Artículo 6: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
  3. Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
  4. Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
  5. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
  6. Art. 5: 2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.
  7. Artículo 14: 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.
  8. Artículo 16: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
3. Pacto de San José de Costa Rica:

  1. Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
  2. DERECHOS CIVILES Y POLITICOS: Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.
  3. Artículo 8. Garantías Judiciales: 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
  4. Artículo 25. Protección Judicial: 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

2º) Denuncio y solicito que se declare totalmente inconstitucional y nula de nulidad absoluta a la Ley Nº 26.522, conocida como “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” o “Ley de Medios”, sancionada y promulgada el 10 de octubre de 2009.
Como periodista profesional; ex docente de periodismo, medios de comunicación o difusión, propaganda, publicidad y marketing, opinión pública y otros; y autor de un ensayo sobre “Derecho a la información”, entre otras conceptualizaciones, sostengo firmemente y con conocimiento de causa que la mencionada ley atenta gravemente contra derechos humanos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional Argentina y en las Convenciones y Declaraciones de Derechos Humanos Internacionales, además de tener orígenes dictatoriales, espúreos y bastardos, y ser fuente de gravísimos actos de corrupción financiera, económica, política, institucional, social y otros.
Mi única duda para este planteo fue que ningún otro profesional periodista o editor, ni profesionales del derecho y sus respectivas entidades corporativas hubieran accionado antes por la inconstitucionalidad y nulidad total de la citada ley, y no sólo de algunas de sus partes. Considero que puede deberse a ignorancia o confusión sobre conceptos básicos de periodismo y comunicación, como planteo en mi ensayo sobre “Derecho a la Información: ¿réplica, respuesta y/o rectificación?”, publicado en el sitio:  http://editornoroestino.blogspot.com.ar/2008/10/derecho-de-rplica-respuesta.html  Y también a la interesada complicidad con conocimiento de causa de grupos internacionales y nacionales de poder financiero y económico, propietarios de los mal llamados medios de “comunicación”, gobernantes, políticos y otros sectores interesados en transacciones corruptas de poderío y manipulación propagandística de la opinión pública, como lo destaco en mi nota sobre “Derecho a la Información Social Pura”, en el sitio:  http://editornoroestino.blogspot.com.ar/2010/07/informacion-social-pura-i.html    y también en:  http://a1editorial.wordpress.com/

A) ORIGEN DICTATORIAL Y CORRUPTO DE LA LEY Nº 26.522
En principio, es muy importante destacar los orígenes dictatoriales y corruptos de la citada ley, por lo que transcribo notas sobre “Ley de Medios” de buscadores de Internet. De la información surge que la citada ley reemplazó a la Ley de Radiodifusión Nº 22.285, promulgada en 1980 por la “dictadura cívico militar” autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”. Por lo tanto la anterior ley fue IMPUESTA por una “dictadura cívico militar”, es decir, por un GOBIERNO “DE FACTO”; y al restablecerse el sistema democrático correspondía también “IPSO FACTO”, o más bien “IPSO IURE”, la derogación o nulidad absoluta y total de la ley de la dictadura, y no el reemplazo por otra ley que sigue siendo inconstitucional y nula de nulidad absoluta como continuaré destacando.
En definitiva, no hace falta ninguna ley que “regule” ni ataque los derechos humanos fundamentales como el de la “libertad de informar e informarse” o “LIBERTAD DE PRENSA”. Y si lo que se pretende es “regular y controlar” a los mal llamados medios de “comunicación”, corresponde legislar sobre la “LIBERTAD DE EMPRESA” a través del derecho civil, comercial y contractual, con intervención del Registro Público de Comercio.
INFORMACION DE INTERNET SOBRE ANTECEDENTES:
LEY DE MEDIOS
La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y su Decreto reglamentario 1225/2010 es una ley que establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina. Esta legislación fue promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22.285, que había sido promulgada en 1980 por la dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional y se había mantenido vigente desde entonces.1
Desde la recuperación de la democracia el 10 de diciembre de 1983, existió un amplio consenso sobre la necesidad de derogar la norma de la dictadura y sancionar una nueva ley, en consonancia con las necesidades cívicas y participativas de la democracia. Los presidentes Raúl Alfonsín en 1988 y Fernando de la Rúa en 2001, presentaron sendos proyectos de ley, que no pudieron ser tratados, afectados por fuertes presiones por parte de los intereses involucrados.2
En agosto de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para reemplazar la ley de radiodifusión, luego de haber sido debatido por un año, en 24 foros que se desarrollaron en distintos puntos del país, una propuesta de proyecto de ley basada en veintiún puntos presentados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004.
El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados y fue aprobado por esta instancia luego de que se le realizaran más de 100 modificaciones, adquiriendo de esta manera la media sanción. En el Senado, fue aprobado por 44 votos a favor y 24 en contra.
Las leyes de 1957 y 1980
En 1957 se sancionó el Decreto Ley Nacional de Radiodifusión y Televisión. Después en 1965 el decreto reglamentario 5490/65, señalaba entre otras cosas que los contenidos de las transmisiones quedaban enmarcados en una serie de normas; cuyo cumplimiento debería ser fiscalizado por el Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONART).3
La Ley Nacional de Telecomunicaciones n°. 19.798, sancionada el 22 de agosto de 1972 dio origen al Comité Federal de Radiodifusión(COMFER), sustituyendo a la CONART. La ley Nacional de Radiodifusión n°. 22.285 fue promulgada el 15 de septiembre de 1980, durante el Proceso de Reorganización Nacional, derogando la Ley n°. 19.798 y reglamentando las pautas para los servicios de radiodifusión en todo el territorio de la República Argentina. Esta ley llevaba la firma de, entre otras personas, Jorge Rafael Videla,Albano Harguindeguy y José Alfredo Martínez de Hoz.4
La ley 22.285 contemplaba en su artículo 7 una limitación al derecho a la libertad de expresión al anteponer a la misma las llamadas «necesidades de la seguridad nacional».5
Los servicios de radiodifusión deberán difundir la información y prestar la colaboración que les sea requerida, para satisfacer las necesidades de la seguridad nacional. A esos efectos el Poder Ejecutivo Nacional podrá establecer restricciones temporales al uso y a la prestación de todos los servicios previstos por esta Ley.
Artículo 7 de la Ley Nacional de Radiodifusión no. 22.2854
La ley estableció, en su artículo 45, que sólo podían ser titulares de licencias personas individuales o sociedades comerciales, exceptuando a las empresas periodísticas (inciso E). No se permitía que las organizaciones sin fines de lucro (religiosas, sindicales, culturales, cooperativas, etcétera) pudieran ser titulares de radios o canales de televisión. Tampoco a las universidades se les permitía tener radios o televisiones, con excepción de las que ya las tuvieran instaladas, las que a su vez tenían severas restricciones en materia de publicidad (artículo 107). Con respecto a las provincias y municipios, la ley solo les permitía tener un servicio de radio y sin publicidad (artículo 107).
El objetivo de la ley era tener un sistema de medios de comunicación comercial, controlados por las Fuerzas Armadas bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional. Para ello ordenó la privatización masiva de las señales en un plazo de tres años (artículo 106).
El COMFER
La ley 22.285 creó el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) como autoridad de aplicación. El organismo está diseñado siguiendo las pautas de la Doctrina de la Seguridad Nacional impulsada por los Estados Unidos en las décadas de 1960, 1970 y 1980. Entre sus funciones se encuentran las de «controlar los servicios de radiodifusión, en sus aspectos culturales, artísticos, legales, comerciales y administrativos», «supervisar la programación y el contenido de las emisiones» y «calificar en forma periódica a las estaciones».[cita requerida]
La Ley n°. 22.285 estableció que el COMFER estaría dirigido por un directorio integrado por siete miembros, cada uno de ellos representante de los siguientes sectores:

La ley establece también que el directorio debe ser asesorado por una comisión integrada por representantes de todos los ministerios del gobierno nacional y de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).[cita requerida]
Situación luego de la recuperación de la democracia
Debido a la composición autoritaria del COMFER, al recuperarse la democracia el 10 de diciembre de 1983, el Presidente Raúl Alfonsín dispuso su intervención hasta la sanción de la nueva ley de radiodifusión. Debido a que dicha ley no fue sancionada, el COMFER permaneció intervenido por el Poder Ejecutivo Nacional desde entonces y hasta que fuera remplazado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
Durante el gobierno de Carlos Menem se realizaron algunas modificaciones orientadas al proceso de privatización de señales, que permitieron la concentración de las mismas en grandes multimedios y facilitaron la actuación de empresas extranjeras. Una de las más importantes fue la autorización a las empresas de periodismo para ser titulares de radios y canales de televisión (Ley 23.696 de Reforma del Estado, artículo 65). También se autorizó la difusión de publicidad producida fuera del país (Resolución 1226/93), se habilitaron mecanismos para poder transmitir en idiomas extranjeros y se flexibilizaron las restricciones para realizar juegos de azar (Decreto 1062/98).
En agosto de 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se sancionó la Ley 26.053 para permitir que las cooperativas pudieran acceder a licencias. Mediante esta ley, se modificó el texto del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, permitiendo acceder a las licencias a personas y entidades sin fines de lucro prestadoras de servicios públicos, contemplando la realidad planteada por numerosas cooperativas de electricidad del interior del país que pretendían brindar servicios de radiodifusión en sus diferentes variantes.6
Desde la recuperación de la democracia en 1983, existió un amplio consenso sobre la necesidad de derogar la norma de la dictadura y sancionar una nueva ley, en consonancia con las necesidades cívicas y participativas de la democracia. En este tiempo se presentaron en total 40 proyectos de leyes para reemplazar el Decreto Ley de la dictadura.7 Los proyectos de mayor importancia fueron los presentados por los presidentes Raúl Alfonsín en 1988 y Fernando de la Rúa en 2001, que no pudieron ser tratados, afectados por fuertes presiones por parte de los intereses creados, especialmente de titulares de multimedios.2”.
B) DERECHO HUMANO: LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESION:
Según notas sobre el tema: “La libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, señalado en el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Las constituciones de los sistemas democráticos también lo señalan. De ella deriva la libertad de imprenta, también llamada libertad de prensa.
El derecho a la libertad de expresión es definido como un medio para la libre difusión de las ideas, y así fue concebido durante la Ilustración.
Para filósofos como Pach, Montesquieu, Voltaire y Rousseau la posibilidad del disenso fomenta el avance de las artes y las ciencias y la auténtica participación política. Fue uno de los pilares de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos (Primera Enmienda) y la Revolución francesa”.
En el Artículo 19 de la "Declaración Universal de los Derechos Humanos", se lee: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión."
La "Convención Americana sobre Derechos Humanos" o "Pacto de San José de Costa Rica" de 1969, en el Artículo 13. señala:
"Libertad de pensamiento y de expresión.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) El respeto a los derechos o la reputación de los demás, o
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión u origen nacional."
La prohibición de toda propaganda en favor de la guerra, también está consagrada en el "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".
La Convención Europea de Derechos Humanos, aprobada en el marco del Consejo de Europa, proclama la libertad de expresión en su artículo 10. Afirma que incluye tanto la libertad de opinión como la de recibir y transmitir informaciones o ideas sin injerencia de los poderes públicos. No obstante, admite que los Estados puedan someter a las empresas de radio, televisión y cine a un régimen de autorización previa. El precepto permite restricciones legales basadas en una pluralidad de motivos de índole pública y privada.
Por otra parte, existen otros derechos y libertades ( o "derechos a la libertad de...", ejemplo: derecho a la libertad de reunión, manifestación, ejercicio de cultos, etc) conjuntamente con el derecho a la libertad de expresión. Así el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto ni ilimitado, como tampoco lo es ningún otro derecho o libertad. Cada derecho o libertad ( derecho a la libertad de...) tiene un ámbito de desenvolvimiento y de compresión, y cada persona que ejerce un derecho, debe actuar dentro de ese ámbito de desenvolvimiento y de comprensión de dicho derecho. Actuar más allá de dicho ámbito, es no actuar dentro de dicho derecho, sino fuera de el, con la posibilidad de quien actúa de violar, vejar o atropellar derechos de otras personas, y es más grave aún cuando se trata de derechos humanos. El limite al derecho humano de la libertad de expresión, está dado por el respeto a otros derechos humanos.
Concordante con esto, la "Convención Americana sobre Derechos Humanos", expresa en su Artículo 11: " Protección de la honra y de la dignidad.
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques."
Y el Art.14 de dicha Convención consagra el "Derecho de rectificación o respuesta", dice:
" Derecho de rectificación o respuesta.
1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.
2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de otras responsabilidades legales en que se hubiere incurrido.
3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial."...
MI ENSAYO SOBRE EL ART. 14, E IMPORTANCIA DEL ART. 13
Sobre el art. 14 del Pacto de San José de Costa Rica elaboré el ensayo publicado en el sitio:
http://editornoroestino.blogspot.com.ar/2008/10/derecho-de-rplica-respuesta.html
En el art. 13 y otros mencionados antes, surgen claros los derechos y garantías individuales a la libertad de opinión y expresión, a investigar, difundir o recibir información. Pero lo más claro y contundente es el inciso 3º que expresa: “3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

C) DERECHO A LA INFORMACION:
Según un artículo de Leandro Zana sobre “Derecho a la información y marco legal de la actividad de prensa”, el derecho sustantivo que se reconoce con el art. 13 del Pacto, es el derecho a expresarse sin ser censurado explícita o implícitamente.
Agrega que “el Pacto de San José de Costa Rica reconoce todo tipo de expresión, sea periodística, educativa, artística o humorística. Tampoco hace distinciones del medio utilizado para la transmisión de ideas, ni de los mecanismos utilizados para la censura”.
“Por lo tanto resultan actos de censura tanto las prohibiciones de artistas o comunicadores, los levantamientos de programas, las amenazas que tienden a la autocensura o las listas negras constituyendo “Censura Directa”. “Censura Indirecta” se podría considerar el monopolio u oligopolio de papel para diarios, el levantamiento de órdenes de publicidad, la distribución descompensada de publicidad oficial como forma de castigo a los medios, la doble o triple imposición sobre la actividad de la prensa, o la negativa pertinaz a explotar las frecuencias aún inutilizadas de espectro radio eléctrico argentino”.
“El derecho a expresarse conforma o traduce en el derecho a difundir informaciones u opiniones sin censura. Del mismo modo, el derecho a la información está destinado a garantizar la plena posibilidad de investigación e indagación de fuentes, más aún cuando son públicas. Se puede señalar también como elemento integrante del derecho a la información la facultad de contar con los elementos suficientes para el ejercicio de tal derecho. El derecho de difundir por cualquier medio implica también el derecho a acceder a ellos”.
“El derecho a rectificación o respuesta sería una forma efectiva de ejercer la libertad de prensa por el ciudadano común”.
“El derecho al secreto profesional y la reserva de las fuentes informativas es la garantía de la libertad de investigación y tiene dos aristas fundamentales: una destinada a proteger la labor del profesional en la continuidad de sus tareas; la otra, orientada a proteger a quienes colaboran con la actividad periodística al acercar datos”.

D) DERECHOS DEL INFORMADO:
Así como destaca los derechos del informador y menciona la censura directa e indirecta, también hace referencia Leandro Zana a los derechos del informado, es decir, a quien o quienes reciben la información: “El proceso de decodificación e interpretación desmiente la concepción de mero receptor. Participa. El sentido de incluir el concepto de informado está orientado a reconocerlo como un agente activo en la relación informativa, en la que tiene derechos reconocidos desde la concepción del Sujeto Universal del derecho a la información”.
“El derecho que le cabe es recibir informaciones y opiniones por cualquier medio y sin limitación de fronteras. Este punto es fundamental y está orientado al pleno reconocimiento del derecho al conocimiento y a la participación del individuo. El derecho al hecho o derecho al conocimiento de la noticia es aquel que le permitirá saber qué es lo que le ocurre a su alrededor como forma imprescindible de permitir su participación en la comunidad”.
“Debe contar también el sujeto informado con las facultades suficientes para seleccionar los medios con los que se quiere informar. Lo que podría denominarse Derecho al Pluralismo Informativo, es la garantía efectiva de la recepción de una información sana y participativa”.
“La facultad de cualquier ciudadano de contar con pluralismo informativo es el objetivo de impedir la conformación de monopolios informativos, obligación que le cabe al Estado según el art. 13, inc. 3 del Pacto de San José de Costa Rica”.
Como destaqué antes, este es uno de los puntos más importantes por su relación con la inconstitucionalidad de la Ley de Medios, ya que el pluralismo informativo es el derecho humano de cualquier persona derivado de la libertad de informar e informarse; y doblemente importante en el caso de aplicarse a los periodistas por constituir el fundamento de la tarea profesional.
La Ley de Medios comienza con teorías y fundamentos contradictorios sobre derechos y obligaciones, y termina estableciendo regulaciones a los medios en su condición de EMPRESAS, avasallando y pisoteando impunemente el derecho natural y humano al pluralismo informativo de cada ciudadano y especialmente de los periodistas e informadores.
Finaliza destacando Leandro Zana que “el informado tiene también derecho a contar con información veraz. A la protección de su honra y su intimidad, como también a reclamar la aplicación de sanciones legales que le correspondan en caso de avasallamiento a este derecho. La actividad de comunicación social no debe contar con impunidad, mas sí con libertad de acción”.

E) TEORIAS CONTRAPUESTAS SOBRE LIBERTAD DE PRENSA:
Según notas de Internet, “desde el surgimiento de las economías de intercambio los dos sistemas económicos contrapuestos, tanto el capitalista como el socialista han tomado como suya la bandera de la libertad de prensa, por lo que han diferido en los criterios de generación y asignación de los medios de comunicación que serían necesarios para su existencia. Estos criterios dependen, en última instancia, de la concepción individualista o colectivista adoptada al respecto de los derechos individuales, de las clases sociales y de la misma noción de “pueblo” que será beneficiario de los mismos”. Una es la “interpretación democrática liberal” y otra es la “interpretación democrática socialista”.
Desde mi punto de vista, ambas son descartables porque siguen el criterio dualista de “izquierda y derecha”, utilizado en las campañas propagandísticas ideológicas de los personeros políticos y gubernamentales que apuntan a la manipulación de la opinión pública.
También se destaca que: “Otro argumento clásico, asociado a John Stuart Mill, es que la libertad de prensa es esencial para el descubrimiento de la verdad.
Oliver Wendell Holmes Jr .y Louis Brandeis, famosos juristas estadounidenses, acuñaron el argumento del mercado de ideas. Según esta analogía con la libertad de comercio, la verdad de una idea se revela en su capacidad para competir en el mercado. Es decir, estando en igualdad de condiciones con las demás ideas (libertad de expresión), los individuos apreciarán qué ideas son verdaderas, falsas, o relativas. Este argumento ha sido criticado por suponer que cualquier idea cabría en el mercado de ideas. Y aun así, el que unas ideas tengan mayores medios de difusión las impondría sobre otras, al margen de la verdad. La alternativa a esta debilidad del mercado de ideas sería la persecución de la falsedad. Pero esta presenta su propia debilidad, ¿cómo saber si se está en lo cierto si se persigue la opinión disidente? Incluso si pudiéramos tener la certeza de la verdad de una opinión, la existencia de opiniones disidentes permite poner a prueba, mantener viva y fundamentada la opinión verdadera y evita así que se convierta en dogma o prejuicio infundado.
Lo cierto es que esta metáfora se presta a equívocos, y Mill no comparó la libertad de expresión con un mercado. En Sobre la libertad(1859) apelaba a la libertad para exponer y discutir con el fin del conocimiento. Esto implica unas normas implícitas de conducta que aseguren el mutuo respeto entre los ponentes”.
Sorprendente versión del “mercado de ideas” asociado a la libertad de prensa, y por analogía también a la “libertad de comercio”.

F) SOCIEDAD DE LA INFORMACION:
En la Ley de Medios se destaca una “fuente” denominada “SOCIEDAD DE LA INFORMACION”, que en realidad suena como el nombre de una secta o logia y produce escalofríos.
Al respecto, se menciona lo siguiente:
NOTA artículos 2º y 3º
Los objetivos de la ley están alineados con los textos internacionales de derechos humanos, en particular los que se exponen vinculados a la libertad de expresión: Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH artículo 13.1) Convención UNESCO de Diversidad Cultural. Constitución Nacional. Artículo 14, 32, 75 inciso 19 y 22. Principio 12 y 13 de la Declaración de Principios de Octubre de 2000 (CIDH). artículo 13. 3 inciso 3 de la CADH.
Se agregan aspectos relacionados con expresiones de la Cumbre de la Sociedad de la Información en orden a la eliminación de la llamada brecha digital entre ricos y pobres.
En la Declaración de Principios 12 de mayo de 2004 Construir la Sociedad de la Información: un desafío global para el nuevo milenio (disponible en http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC- 0004 MSWS. doc) se expone:
A Nuestra visión común de la Sociedad de la Información
1 Nosotros, los representantes de los pueblos del mundo, reunidos en Ginebra del 10 al 12 de diciembre de 2003 con motivo de la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, declaramos nuestro deseo y compromiso comunes de construir una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, respetando plenamente y defendiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En definitiva, se recitan todos los derechos, principios y garantías, se los enmascara con algunas declaraciones “ginebristas” de “cumbres mundiales sobre la sociedad de la información”, y se redacta e impone una ley que aplasta derechos humanos fundamentales en beneficio de algunos intereses empresariales y financieros nacionales e internacionales.

G) PERIODISMO PUBLICO O CIVICO, PARA EL BIEN COMUN. OBLIGACION PARA CON LA SOCIEDAD Y LA OPINION PUBLICA:
Otro texto de Internet destaca: “El fin último del periodismo en una democracia es mejorar las condiciones sociales de la gente. Sólo una prensa libre, independiente de las influencias del gobierno y los intereses políticos, puede contribuir a la libertad individual en una sociedad. El periodismo que tiene como objetivo principal el bienestar social se le conoce como periodismo público o cívico”.
“Para John Dewey, la clave para el avance de la sociedad en la democracia es la discusión abierta y trascendente entre todos los miembros de la comunidad. Dewey creía que la democracia es la idea de la comunidad en sí misma, contrariamente a la idea de Lincoln de la democracia como el gobierno de la gente, para la gente.
Dewey no rechazaba los conceptos del individualismo y la auto realización que surgieron en la ilustración, sino que “los redefinió como un nuevo individualismo que coloca a la persona en un contexto social y que la armoniza con sus acciones sociales, alentado por el espíritu social”.
Dewey visualizaba el periodismo como una herramienta de la comunidad para obtener el bien común, lo que se conoce como periodismo cívico o público. Su rol, en lugar de servir a los intereses de las elites o la hegemonía, se enfoca en generar conocimiento entre los ciudadanos. Estos son participantes activos en el periodismo público y las noticias son el producto de la interacción entre los sectores público y privado”.

H) FUNCION DEL PERIODISMO Y DE LOS MEDIOS DE DIFUSION:
En continuidad con el punto anterior, reitero mi concepto personal sobre la función del periodismo y los periodistas, por un lado; y la función de los medios de difusión, por el otro.
Sostengo que la función del periodismo y del periodista es sólo y simplemente INFORMAR A LA SOCIEDAD, EN PROCURA DEL BIEN COMUN, CON SENTIDO DE LA VERDAD Y TENDENCIA A LA OBJETIVIDAD.
Las funciones de los medios de difusión son de INFORMAR, FORMAR Y ENTRETENER. Las disfunciones o corrupciones que se generan son la desinformación (a veces saturando con informaciones); la deformación de la realidad y de las ideas; y la distracción con el objetivo de evitar reacciones en la sociedad.
Finalmente, el objetivo del poder financiero, político y gubernamental con el dictado de leyes como la Nº 26.522, es regular la LIBERTAD DE EMPRESAS para encubrir el aplastamiento de la LIBERTAD DE PRENSA y así tener el dominio y control de la OPINION PUBLICA.

I) CONCEPTOS Y PRINCIPIOS PROPIOS:
Transcribo la parte final de mi nota:
http://editornoroestino.blogspot.com.ar/2010/07/informacion-social-pura-i.html  
Durante los años que me dediqué al periodismo, entre otras tareas como publicidad, relaciones institucionales, un poco de locución, algo de marketing, comunicación y demás, noté una generalizada confusión de conceptos en torno a estas palabras.
Como docente logré definirlos correctamente, desde mi punto de vista personal y profesional.
Tarea de informar.
En principio, considero conveniente reafirmar que el periodismo y la tarea profesional del periodista es la de INFORMAR, pero “con sentido de la verdad y tendencia a la objetividad”. Así de simple y directo. Y así también de importante y extraordinaria actividad.
Afirmo que el periodismo como pura actividad informativa no tiene relación con la comunicación, que es un “proceso” de intercambio de informaciones, ni tampoco con la actividad de los comunicadores sociales, aunque éstos se vuelquen en algún momento a la tarea de periodistas.
La información.
Sostengo y anticipé en notas anteriores que “La información es o se trata de datos, signos y/o elementos que, convenientemente ordenados o estructurados naturalmente o por el raciocinio del ser humano, configuran un mensaje”.
En todo lo que existe en la Naturaleza y también en el intelecto humano hay información. También que sería sinónimo de vida, porque con el intercambio de información genética durante las relaciones en los reinos animal y vegetal (o artificialmente en laboratorios científicos) se generan nuevas vidas con su propia información constitutiva o mensaje genético, como es el ADN.
Considero tan importante el concepto puro o estricto de información que desde sus características matemáticas, físicas, químicas y algunas otras que desconozco, tendría relación directa con la Gran Obra Divina o surgimiento del universo y la vida.
Como explicación gráfica del concepto de información, realizo un amplio círculo que teóricamente contiene infinitos y universales datos, signos y elementos materiales, químicos, físicos, matemáticos; y en el caso específico de nosotros como animales humanos, también intelectuales. Si del universo material focalizo elementos químicos como el hidrógeno y el oxígeno, por ejemplo, tengo “…elementos que convenientemente ordenados y estructurados naturalmente configuran un mensaje” distinto y con propiedades características, ¡el AGUA!!! Si focalizo el ácido desoxirribonucleico o ADN de una persona y lo uno a otro “se configura un mensaje” o información genética nueva ¡otro SER HUMANO!!! Y lo mismo ocurre con los restantes animales y vegetales, de los que resultan “nuevas informaciones genéticas o mensajes de vida”.
Si del universo intelectual focalizo algunas letras de nuestro abecedario, como por ejemplo la h, la o, la l y la a, son “datos, signos y/o elementos que, convenientemente ordenados o estructurados por el raciocinio del ser humano, configuran un mensaje”, que es el saludo “hola”. Y entonces sí, mediante un “proceso” de intercambio de ida y de vuelta de mensajes de saludos o informaciones en general, ocurre la “comunicación” entre uno o más emisores-receptores, con uno o varios receptores-emisores.
El periodismo.
La difusión, expansión y complementación de informaciones tienen efectos multiplicadores y generan nuevas informaciones o “mensajes” de diversos tipos en todo el mundo.
Influyen en las reacciones de la naturaleza o en las conductas de los seres vivientes, los que a su vez retroalimentan y generan nuevas informaciones.
De tantas y tan diversas informaciones que surgen, el periodismo utiliza sólo un porcentaje de ellas para procesarlas y difundirlas (las más importantes, impactantes, novedosas o que influyen en la opinión pública), lo que pasa a denominarse “informaciones periodísticas”.
Etica Profesional.
El periodista realiza un manejo profesional de esas informaciones: las busca o recoge de diversas fuentes, investiga, evalúa su importancia y trascendencia, redacta según los distintos géneros periodísticos, edita y difunde a través de los medios de “difusión” (no de comunicación, como es erróneo denominar).
El manejo profesional de la información por parte del periodista implica una función esencial y trascendental, propia de la Deontología Periodística o Etica Profesional: “Informar con sentido de la verdad, y tendencia a la objetividad”.
Veracidad y objetividad.
Digo “con sentido de la verdad”, porque nunca nadie logra poseer la verdad pura; pero es fundamental estar en su búsqueda permanente, aunque resulte eterna.
Y también con “tendencia a la objetividad”, porque cuando un periodista redacta una nota, por más que aparente ser muy objetiva y estar basada en hechos reales y concretos, siempre agrega su carga subjetiva con el uso de distintas palabras, un común y quizás inadvertido adjetivo, e incluso con el uso discrecional de los simples y aparentemente insignificantes signos de puntuación.
Según el género periodístico en que trabaje, el periodista profesional debe procurar una “tendencia a la objetividad”, aunque nunca se la consiga en su totalidad. En menor grado y con diversas características, también se aplica a las notas de opinión, comentarios, editoriales u otras por el estilo. (Ver también en mi teoría sobre “Derecho a la información. ¿Réplica, respuesta y/o rectificación?”, al comienzo de este blog).
¡Viéndola desde esta perspectiva, acaso no resulta sorprendente, importante y extraordinaria la tarea periodística?
La comunicación.
Sabemos que la comunicación es un “proceso” de intercambio de informaciones de uno o varios emisores, con otro u otros receptores.
Esos procesos se realizan de modo personal y directo o a través de medios como los teléfonos, Internet y otros. Es un proceso de ida y vuelta de mensajes directos y casi inmediatos, que en inglés se conoce como “feed back”.
Los medios como diarios, periódicos, revistas, radiodifusoras, televisión, no son de comunicación. Se deberían denominar correctamente como medios de difusión, cuyos objetivos serían de “informar”, “entretener” y, aunque algunos lo nieguen, también de “formar”. Lo contrario o negativo moral y éticamente es lo que se aplica actualmente: “desinformar”, “distraer” y “deformar”.
A diferencia de los comunicadores sociales, EL PERIODISTA NO SE COMUNICA. En sentido estricto, sólo INFORMA “con sentido de la verdad y tendencia a la objetividad”. Y según la calidad con que investiga, busca, procesa la información y la transmite, se reconoce su capacidad y valor profesional.
También es importante para evaluar su grado de PROFESIONALISMO y su ETICA, la pureza e independencia personal e intelectual con respecto a sectores de poder político, económico, gremial, empresarial, religioso u otros.
La obligación y responsabilidad del periodista auténticamente profesional es para con la sociedad y la opinión pública, aunque dependa laboralmente de una línea editorial o política empresarial determinada.
“PERIODISMO PURO”
En este sentido, sostengo y reitero que el “PERIODISMO PURO” es el que INFORMA CON SENTIDO DE LA VERDAD Y TENDENCIA A LA OBJETIVIDAD; y que el “PERIODISTA AUTENTICO” es el que cumple con esa premisa fundamental. Agrego personalmente algunas condiciones prácticas: que sepa redactar correctamente, y conozca los estilos y géneros periodísticos.
Considero importante también marcar diferencias entre los periodistas y “los llamados periodistas”. Los primeros, como ya destaqué, cumplen la función de “informar con sentido de la verdad y tendencia a la objetividad”. Los segundos, aunque se desempeñen en diferentes medios, no cumplen esa función y deberían ser llamados comentaristas; conductores y/o animadores (aunque sean de programas de “características” periodísticas); agentes de prensa y propaganda (si se desempeñan en organismos públicos y de gobierno), entre otros. Distintos son los locutores, auténticos profesionales en su actividad.

J) COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. DECLARACION DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESION:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó durante el 108° período de sesiones, en octubre de 2000, la "Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión", propuesta por la Relatoría para la Libertad de Expresión de dicha Comisión, la que constituye un documento básico para la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta Declaración está compuesta por un Preámbulo y 13 principios básicos:
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN
PREÁMBULO

REAFIRMANDO la necesidad de asegurar en el hemisferio el respeto y la plena vigencia de las libertades individuales y los derechos fundamentales de los seres humanos a través de un estado de derecho;

CONSCIENTES que la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión;

PERSUADIDOS que el derecho a la libertad de expresión es esencial para el desarrollo del conocimiento y del entendimiento entre los pueblos, que conducirá a una verdadera comprensión y cooperación entre las naciones del hemisferio;

CONVENCIDOS que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático;

CONVENCIDOS que garantizando el derecho de acceso a la información en poder del Estado se conseguirá una mayor transparencia de los actos del gobierno afianzando las instituciones democráticas;

RECORDANDO que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros instrumentos internacionales y constituciones nacionales;

RECONOCIENDO que los principios del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos representan el marco legal al que se encuentran sujetos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos;

REAFIRMANDO el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión;

CONSIDERANDO la importancia de la libertad de expresión para el desarrollo y protección de los derechos humanos, el papel fundamental que le asigna la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el pleno apoyo con que contó la creación de la Relatoría para la Libertad de Expresión, como instrumento fundamental para la protección de este derecho en el hemisferio, en la Cumbre de las Américas celebrada en Santiago de Chile;

RECONOCIENDO que la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información;

REAFIRMANDO que los principios de la Declaración de Chapultepec constituyen un documento básico que contempla las garantías y la defensa de la libertad de expresión, la libertad e independencia de la prensa y el derecho a la información;

CONSIDERANDO que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental;

RECONOCIENDO la necesidad de proteger efectivamente la libertad de expresión en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en respaldo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, adopta la siguiente Declaración de Principios;

PRINCIPIOS

       1.    La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.

       2.    Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

       3.    Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla. 

       4.    El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.  

       5.    La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.

       6.    Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.

       7.    Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.

       8.    Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.

       9.    El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.

       10.  Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.  Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.

       11.  Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

       12.  Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.

       13.  La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de  sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.

K) LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES SON INDIVIDUALES, NO DE MEDIOS EMPRESARIALES. NO SE PUEDEN “DEMOCRATIZAR”, NI EL ESTADO “A-PODER-DARSE” PARA SI NI PARA NINGUN GOBIERNO EL DERECHO A REGULARLO MEDIANTE UNA LEY, LO CUAL ES INCONSTITUCIONAL Y NULO DE NULIDAD ABSOLUTA:
Se puede considerar esta Declaración como el más importante documento de interpretación del art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica. Es claro, preciso, concreto e ilustrativo para definir la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta de la Ley de Medios Nº 26.522.
Es muy importante reiterar las veces que sea necesario que LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES SON INDIVIDUALES, como el derecho a la información y a la libre expresión de ideas, a la vida, a la libertad, a la propiedad. Son distintos a los derechos personalísimos (honor, intimidad, imagen), como destaqué en mi ensayo al impugnar el art. 14 del Pacto de San José de Costa Rica y los fallos de la Corte Suprema de Justicia argentina que lo aplicaron:
(ver: http://editornoroestino.blogspot.com.ar/2008/10/derecho-de-rplica-respuesta.html  ).
Por lo tanto es imposible y de ninguna manera se pueden extender o transferir de hecho, figurativa ni legal o legislativamente esos derechos a los medios de difusión (mal llamados de comunicación), encuadrados en un sistema empresarial con régimen legal propio. Lo mismo se aplica para los casos de monopolios y oligopolios de las empresas nacionales e internacionales propietarias de los medios, destacados en el Principio Nº 12, con mención totalmente incorrecta sobre posible “conspiración contra la democracia” o los “criterios democráticos”. Lo que debe considerarse en realidad es la diferencia entre “Libertad de Prensa” y sus relaciones con la “Libertad de Expresión” y el “Derecho a la Información” (condensado en la LIBERTAD Y DERECHO A INFORMAR E INFORMARSE), y lo que se denomina “Libertad de Empresa” de medios de difusión (mal llamados de comunicación).
En definitiva el Principio Nº 12 hace una mala relación con la idea de “democratizar DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES E INDIVIDUALES”, con medios empresariales de difusión (NO de comunicación) de contenidos informativos, que degenera en desinformación por ocultamiento o saturación de informaciones; formativos, que degenera en deformación de la realidad y de las ideas mediante propagandas; y de entretenimiento, que degenera en distracción del “rebaño perplejo” para evitar reclamos o revueltas:
(ver:  http://editornoroestino.blogspot.com.ar/2010/07/informacion-social-pura-i.html  ).
EL PRINCIPIO Nº 13 DE LA DECLARACION SOBRE EL ART. Nº 13
El Principio Nº 13 de la Declaración de Interpretación del artículo Nº 13 del Pacto de San José de Costa Rica establece la “estocada final”, la “herida mortal”, la “muerte total y definitiva” de la Ley Nº 26.522. No hace falta repetirlo. Es claro como el agua pura y transparente. Como la verdad reveladora. Como el principio filosófico de la auténtica y verdadera JUSTICIA.
POR TODO LO ANTES DICHO Y POR EL PRINCIPIO FILOSOFICO DE JUSTICIA, SOLICITO, RECLAMO Y EXIJO QUE SE DECLARE LA INCONSTITUCIONALIDAD Y COMO NULA DE NULIDAD ABSOLUTA A LA LEY Nº 26.522, CONOCIDA COMO LEY DE MEDIOS.

3º) Se investiguen los múltiples delitos derivados de la aplicación y abusos de la antedicha ley por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo nacional, organismos nacionales y provinciales, como también de gobernaciones y autoridades provinciales, incluyendo negociaciones con entidades públicas y privadas, incompatibles con la ética y las normas de la función pública.
Al respecto, transcribo sólo el Preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción:
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
Preámbulo
Los Estados Parte en la presente Convención,
Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la
corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las
instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer
el desarrollo sostenible y el imperio de la ley,

Preocupados también por los vínculos entre la corrupción y otras formas de
delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica,
incluido el blanqueo de dinero,

Preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan vastas
cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante de los
recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad política y el desarrollo
sostenible de esos Estados,

Convencidos de que la corrupción ha dejado de ser un problema local para
convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y
economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y
luchar contra ella,

Convencidos también de que se requiere un enfoque amplio y
multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la corrupción,

Convencidos asimismo de que la disponibilidad de asistencia técnica puede
desempeñar un papel importante para que los Estados estén en mejores condiciones
de poder prevenir y combatir eficazmente la corrupción, entre otras cosas
fortaleciendo sus capacidades y creando instituciones,

Convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser
particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías
nacionales y el imperio de la ley,

Decididos a prevenir, detectar y disuadir con mayor eficacia las transferencias
internacionales de activos adquiridos ilícitamente y a fortalecer la cooperación
internacional para la recuperación de activos,

Reconociendo los principios fundamentales del debido proceso en los procesos
penales y en los procedimientos civiles o administrativos sobre derechos de
propiedad,

Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción son
responsabilidad de todos los Estados y que éstos deben cooperar entre sí, con el
apoyo y la participación de personas y grupos que no pertenecen al sector público,
como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones
de base comunitaria, para que sus esfuerzos en este ámbito sean eficaces,
2
Teniendo presentes también los principios de debida gestión de los asuntos y
los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, así como la
necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo de la
corrupción,

Encomiando la labor de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal
y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la prevención y
la lucha contra la corrupción,

Recordando la labor realizada por otras organizaciones internacionales y
regionales en esta esfera, incluidas las actividades del Consejo de Cooperación
Aduanera (también denominado Organización Mundial de Aduanas), el Consejo de
Europa, la Liga de los Estados Árabes, la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Africana y la
Unión Europea,

Tomando nota con reconocimiento de los instrumentos multilaterales
encaminados a prevenir y combatir la corrupción, incluidos, entre otros la
Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la Organización de
los Estados Americanos el 29 de marzo de 19961, el Convenio relativo a la lucha
contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las
Comunidades Europeas o de los Estados Miembros de la Unión Europea, aprobado
por el Consejo de la Unión Europea el 26 de mayo de 19972, el Convenio sobre la
lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones
comerciales internacionales, aprobado por la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos el 21 de noviembre de 19973, el Convenio de derecho penal
sobre la corrupción, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa
el 27 de enero de 19994, el Convenio de derecho civil sobre la corrupción, aprobado
por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 4 de noviembre de 19995 y la
Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción, aprobada
por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana el 12 de julio de 2003,

Acogiendo con satisfacción la entrada en vigor, el 29 de septiembre de 2003,
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional,
Han convenido en lo siguiente:

INVESTIGACION PENAL DE OFICIO:
Por lo antes dicho, además de los derechos que me corresponden y reclamo en salvaguarda de una correcta administración de JUSTICIA, y ante la existencia de pruebas sobre presuntos delitos cometidos en supuesta asociación ilícita por funcionarios de gobierno y representantes de entidades de actuación pública con control administrativo y legislativo, que transgredieron y se burlaron impunemente de normas legales y procesales generando también directa o indirectamente el desprestigio de magistrados y funcionarios judiciales, solicito que se disponga de oficio la instrucción de investigaciones criminales.
Un reciente artículo en un medio extranjero, editado y traducido por el diario La Nación, destaca una parte de las graves irregularidades cometidas:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=488760124516858&set=a.181768898549317.46391.178887795504094&type=1
_El gobierno de Cristina Kirchner busca la ruina financiera de la prensa independiente. Por Mary Anastasia O'Grady (The Wall Street Journal)___
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, considera que los adolescentes de 16 años deben votar, y en octubre sus aliados en el Congreso redujeron la edad mínima para votar de 18 a 16 años para que lo puedan hacer. El objetivo, en palabras
 de una kirchnerista, es "ampliar la base electoral de nuestra democracia".
Se estima que un millón de argentinos son parte de este nuevo electorado. La mayoría de ellos tiene poca experiencia ganándose la vida. Eso los convierte en el blanco demográfico perfecto para el partido de la Presidenta a medida que la economía se viene abajo antes de las elecciones legislativas programadas para octubre.
De todos modos, a la hora de inclinar la balanza a su favor, la Presidenta no está dejando el resultado en manos de un grupo de chicos. Ha seguido el ejemplo de Hugo Chávez y busca llevar a la quiebra a los medios libres e independientes cortando su acceso a la publicidad.

La oposición argentina ha realizado un constante esfuerzo para persuadir a los votantes de que el país va por el mal camino y los detractores se muestran activos en las páginas de opinión de los diarios independientes. Los artículos noticiosos que aparecen en esos diarios tampoco ayudan a la Presidenta. La semana pasada, por ejemplo, el diario El Cronista informó que "el Vaticano confirmó que la diplomacia argentina en Italia redactó y distribuyó entre ciertos cardenales un dossier sucio para bloquear la posible designación de Jorge Mario Bergoglio como sucesor de Benedicto XVI".

Los diarios independientes también reportan sobre la inflación, que según algunos economistas llegará a 25% este año. El peso, actualmente 40% más débil en el mercado negro que el tipo de cambio oficial, se hunde en una espiral descendente. Los intentos del Gobierno para frenar la fuga de capitales con controles cambiarios sólo aumentan el temor a una marcada devaluación.

El reciente anuncio del gigante minero brasileño Vale de que su planeado proyecto de potasio de US$ 6000 millones en la provincia de Mendoza ya no es viable refleja la pérdida de confianza empresarial. La compañía, que ya ha invertido US$ 2200 millones, paralizó las obras en diciembre, argumentando dificultades debido a la inflación argentina, un peso sobrevalorado y crecientes demandas de los sindicatos y gobiernos locales. Ahora, ha suspendido el proyecto y el Gobierno planteó la posibilidad de nacionalizar la inversión.

La debacle del modelo económico de Kirchner explica el gran esfuerzo del Gobierno para destruir a la prensa independiente. No es que su gobierno haya sido alguna vez un modelo de tolerancia. Se han iniciado acciones penales contra ejecutivos de diarios por editoriales que no fueron de su agrado, se ha intentado obtener el control del suministro nacional del papel y se ha promulgado una ley que politiza la concesión de licencias de radiodifusión y la venta de espectro. Tampoco hay que olvidar una redada de unos 200 agentes tributarios al diario Clarín en septiembre de 2009 y el despliegue de fuerzas prokirchneristas para bloquear la distribución de algunos diarios que no adhieren al Gobierno.
Ahora, la Presidenta está tratando de arruinar financieramente a sus críticos en la prensa. Una herramienta es el presupuesto publicitario de más de US$ 100 millones que tiene el Gobierno, sin incluir los fondos mucho mayores del programa Fútbol para Todos, que distribuye las transmisiones de partidos. Un análisis del diario LA NACION del gasto en 2012 frente a 2011 muestra un incremento de 65,3% en las compras de espacio para anuncios públicos y, más comúnmente, propaganda del Gobierno en los diarios y revistas del país. No obstante, los cuatro grupos editoriales independientes más importantes del país-Clarín, LA NACION, El Cronista y Perfil- publicaron menos publicidad del Gobierno el año pasado. LA NACION perdió un sorprendente 83%, mientras que la reducción en El Cronista fue de 48%; en Clarín, de 37%, y en Perfil, de 12 por ciento.

El castigo no termina ahí. En una reunión realizada el 4 de febrero, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ordenó a las cadenas de supermercados congelar los precios durante 60 días. Según un artículo de Clarín del 3 de marzo, Moreno también indicó a los comerciantes presentes que dejaran de comprar publicidad impresa en los medios de Buenos Aires y sus alrededores. De acuerdo con el informe, el funcionario dijo que el boicot incluiría a empresas que venden electrodomésticos y electrónicos.

Inicialmente el Gobierno negó que hubiera decretado tal medida. Pero, según Clarín, los minoristas contaron que están bajo órdenes estrictas de no comprar avisos en diarios independientes de la Capital y el conurbano. Clarín señaló que no obedecer dichas órdenes, aunque no sean leyes, puede ser costoso. Las empresas temen represalias del Gobierno en la forma de inspecciones tributarias, la suspensión de licencias de importación y demandas judiciales en nombre de la protección del consumidor.

Otras empresas parecen haber recibido instrucciones similares. De acuerdo con Clarín, el grupo español Telefónica, que tenía una orden fija de compras de espacio publicitario en sus publicaciones, ha cancelado todos sus anuncios para este año. Sólo la pérdida del negocio de Telefónica le costará al diario unos US$ 5 millones este año.

Sin publicidad, todos estos diarios tendrán a la larga que cerrar. Si eso ocurre, los lectores argentinos se quedarán con los periodicuchos del Gobierno, y el país -incluyendo los electores de 16 años- habrá perdido su libertad..
24-03-2013

Editado y Traducido Por La Nacion

4º) Se de intervención a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y se constituya un Tribunal de Cuentas Nacional con dependencia del máximo Tribunal para auditar y luego juzgar y sancionar los negociados e ilícitos derivados de la aplicación y abusos de la antedicha ley, los que deben ser considerados según la tipificación de los diversos delitos y las definiciones establecidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Considero que aunque el organismo no estuviera contemplado en la Constitución Nacional Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene PODER POLITICO PROPIO para crear y organizar cuerpos u organismos técnicos auxiliares para una correcta ADMINISTRACION DE JUSTICIA.
Recuso con causa al vocal de la Corte, Eugenio Raúl Zaffaroni, por su pública, evidente y reconocida relación con funcionarios del gobierno nacional y sus ideologías, lo que incide negativamente en el principio de independencia judicial que debe primar en toda actuación. También participó desde un principio en el movimiento de concertación nacional (de transversalidad partidaria) iniciado por el ex presidente Néstor Kirchner, por lo que siempre estuvo comprometido con las políticas partidistas e ideológicas de los gobiernos del matrimonio Kirchner.

5º) Hago declaración personal y profesional de Rebeldía Civil contra la citada ley, con reserva legítima del “…supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión…” mencionado en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

PETITORIO

  1. Se me tenga por presentado con domicilio constituido y se me de intervención que por derecho propio me corresponde. Se tenga como válido el recurso planteado y se haga lugar a mi solicitud de AMPARO POR POSIBLE NEGATIVA DE JUSTICIA.
  2. Se declare inconstitucional y nula de nulidad absoluta a la Ley Nº 26.522, conocida como “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” o “Ley de Medios”.
  3. Se investiguen los múltiples delitos derivados de la aplicación y abusos de la antedicha ley por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo nacional, organismos nacionales y provinciales, como también de gobernaciones y autoridades provinciales, incluyendo negociaciones con entidades públicas y privadas incompatibles con la ética y las normas de la función pública.
  4. Se de intervención a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y se constituya un Tribunal de Cuentas Nacional con dependencia del máximo Tribunal para auditar y luego juzgar y sancionar los negociados e ilícitos derivados de la aplicación y abusos de la antedicha ley, los que deben ser considerados según la tipificación de los diversos delitos y las definiciones establecidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Se de curso a mi recusación con causa del vocal de la Corte, Eugenio Raúl Zaffaroni.
  5. Se legitime mi derecho a una declaración personal y profesional de Rebeldía Civil contra la citada ley, con reserva legítima del “…supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión…” mencionado en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

JUSTICIA

2 comentarios:

editor dijo...

Mi ensayo: Derecho a la Información: ¿Réplica, respuesta y/o rectificación?: http://editornoroestino.blogspot.com.ar/2008/10/derecho-de-rplica-respuesta.html

editor dijo...

Mi nota sobre Información Social Pura, corrupción mediática y poderes:http://editornoroestino.blogspot.com.ar/2010/07/informacion-social-pura-i.html