martes, 23 de abril de 2013

JUBILACION CORRUPTA EN LA ARGENTINA




San Miguel de Tucumán, 22 de abril de 2013.

Sres. Miembros de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
Organización de los Estados Americanos (OEA)
PRESENTE

LUIS ANTONIO MENA, DNI 11.463.182, periodista y docente, como ciudadano argentino, con domicilio real en calle 9 de Julio 417 de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, República Argentina, por derecho propio, sin patrocinio legal profesional y con la única y última posibilidad a través de este medio de Internet que considero totalmente válido como actuación oficial, me presento ante los Sres. Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y respetuosamente digo:

1º) Solicito AMPARO POR NEGATIVA DE JUSTICIA en la República Argentina, en virtud de los artículos 14, 18, 28, 31, 33 y 43 de la Constitución Nacional Argentina; Preámbulo y artículos 6, 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 3, 5, 14 y 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y artículos 1, 3, 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica.
Fundamento el Amparo en que no cuento con patrocinio legal profesional ni con recursos económicos para accionar ante los estrados judiciales en defensa de mis derechos mencionados en el Punto 2º) de esta presentación, ya que las normas procesales nacionales y provinciales en la Argentina exigen e imponen a todo accionante a contar con la dirección técnica de abogados matriculados. Incluso se destaca en notas y comentarios al respecto que “no sólo es un requisito para ingresar al juicio, sino también un “derecho de todos los justiciables”, ya que es por demás aconsejable contar con el asesoramiento de un abogado de confianza a la hora de defender nuestros intereses”.
Sólo los ciudadanos que tienen escasos recursos económicos y después de un trámite burocrático pueden acceder a las Defensorías Oficiales, aunque también en casos muy especiales y sin garantías de que se otorgue. Todo esto constituye un menoscabo total y gravísimo a los derechos humanos y a la personalidad jurídica de cada ciudadano por el hecho de no tener suficientes recursos económicos, con el falso argumento de ser “un derecho de todos los justiciables”, y en beneficio de las corporaciones jurídicas profesionales.
De hecho y también de derecho, hasta resulta imposible accionar pidiendo la inconstitucionalidad de esas normas procesales, ya que los organismos jurisdiccionales de la Argentina están totalmente dedicados a los trámites procesales y muy pocas veces llegan a las normas de fondo, y por ende al PRINCIPIO SUPREMO DE JUSTICIA.

2º) Denuncio como INCONSTITUCIONAL y solicito AMPARO en contra de la Ley Nº 26.425 de diciembre de 2008 que dio fin a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) en la Argentina, pero sólo en lo que respecta a que estatizó ilegal e ilegítimamente los fondos de “capitalización y ahorro” que estaban en su poder, de “propiedad privada” y como “derecho humano fundamental” de cada uno de los aportantes.
Destaco y reitero que es por la apropiación ilegal e ilegítima de los fondos de “capitalización y ahorro”, como “propiedad privada” y “derecho humano fundamental” de cada aportante, y que son COMPLETAMENTE DISTINTOS Y SEPARADOS DE LOS APORTES DEL “REGIMEN DE REPARTO” DEL SISTEMA PREVISIONAL.
Denuncio y acuso además a los miembros y representantes del Poder Ejecutivo Nacional de la Argentina por impulsar la norma con objetivos y fines corruptos fácilmente comprobables en los últimos tiempos, y no en beneficio del CIUDADANO argentino ni del BIEN COMUN; al Poder Legislativo Nacional por convertirla en Ley transgrediendo y violando impunemente el Artículo 29 de la Constitución Nacional Argentina que expresa: “Art. 29.- El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”; y al Poder Judicial de la Nación Argentina por acción y omisión en defensa de los derechos del CIUDADANO argentino, convalidando además “la constitucionalidad de la norma” en un acto meramente procesalista y sin el PRINCIPIO FILOSOFICO DE JUSTICIA, con un fallo emitido por la Corte Nacional el 26 de marzo del corriente año.
Invito a leer una nota sobre violación al “principio republicano”: http://www.lanacion.com.ar/821875-el-terrible-articulo-29-de-la-constitucion

A) MI SITUACION PREVISIONAL Y MIS RECLAMOS PERSONALES ANTERIORES A LA LEY:
Luego de varios años de aportes al Sistema de Capitalización, a fines del 2007 acepté una de las tantas modificaciones de los gobernantes de turno y volví al Régimen Previsional Público o Régimen de Reparto.
Lo hice con la plena y total convicción de que al margen de los aportes de ley para gozar en el futuro de un “JUBILEO” o jubilación digna y merecida, como corresponde a mis DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES, el complemento de aportes para el fondo de AHORROS propio del sistema de Capitalización no me inspiraba mucha confianza por las manipulaciones y desviaciones financieras impuestas por los gobernantes de turno en este país, lo que no ocurría en Chile, por ejemplo.
Los gobernantes argentinos obligaron a las AFJP a invertir hasta el 60 por ciento de la cartera en títulos del Estado, lo que no garantizaba seguridad financiera, transparencia ni rentabilidad, y nuestros AHORROS PARA EL JUBILEO quedaron sometidos a una “TIMBA” FINANCIERA o especulación manejada por gobernantes sospechados de corrupción, lo cual quedó demostrado con el paso del tiempo, agravado por la total IMPUNIDAD de los responsables.
En los primeros meses del año 2008, con la firma del contador Omar René Salinas, Gerente General de “Nación AFJP” a la que yo pertenecía, recibí un resumen de MI CUENTA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL con un saldo al 29 de febrero de 2008 de 60 cuotas aportadas, con valor de cada cuota de 84,59 pesos, y un total de 5.043 pesos DE AHORRO.
Acompañaba una nota que expresaba textualmente:
Notificación de Traspaso al Régimen Previsional Público
Estimado Afiliado:
En función de las modificaciones establecidas por la Ley 26.222 de la Reforma Previsional, que entre otros cambios permite que cada 5 (cinco) años pueda optarse entre el Régimen de Capitalización y el de Reparto, nos dirigimos a usted para comunicarle que, finalizado el primer período opcional, que se desarrolló del 12/04/07 al 31/12/07, hemos recibido la notificación de su traspaso al Régimen de Reparto.
De esta manera, a partir del mes de enero del corriente año, sus aportes serán derivados al Régimen de Reparto, mientras que los aportes acumulados hasta el 31 de diciembre de 2007 en su Cuenta de Capitalización Individual (CCI) seguirán siendo alcanzados por los efectos de la rentabilidad del fondo Administrado por Nación AFJP, sin que se perciba comisión alguna por parte de la Administradora.
Del mismo modo, para que Usted pueda controlar la evolución del saldo de su Cuenta de Capitalización Individual, Nación AFJP le remitirá, durante el mes de abril, un resumen de cuenta anual.
Ante su eventual decisión futura de retornar al Régimen de Capitalización en próximos períodos de apertura, le recordamos que el límite de edad para hacerlo será de 50 (cincuenta) años para las mujeres y 55 (cincuenta y cinco) años para los hombres. Superada esa edad, el trabajador ya no tendrá opción de cambio, es decir que deberá permanecer en el último régimen elegido.
Le recordamos que sus aportes acumulados en la Administradora están individualizados, ya que Usted es el propietario exclusivo de sus fondos, que son de carácter hereditario, independientes, distintos del patrimonio de la Administradora, y están amparados por el marco legal del Derecho de Propiedad contemplado en nuestra Constitución Nacional.
Aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy cordialmente.
Cdr. Omar René Salinas
Gerente General.
(Las negritas corresponden al mismo texto de la nota).
En virtud de esa nota y por mi situación personal, presenté la siguiente:

San Miguel de Tucumán, 19 de agosto de 2008.

SEÑORES
NACION AFJP
TUCUMAN
                                               REF.: CUIT 20-11463182-6
                                                         Cuenta: 8.811.500

De mi mayor consideración:

         LUIS ANTONIO MENA, DNI 11.463.182, con domicilio legal y no real en (xx) de esta capital, en relación a mi Cuenta de Capitalización Individual de Referencia en esa entidad, por derecho propio, en virtud de las normas de nuestra Constitución Nacional y de los Pactos y Acuerdos Internacionales sobre la materia y sobre Derechos Humanos con plena vigencia en nuestro país, con el debido respeto me dirijo a Ustedes para plantear lo siguiente:
A)   Solicito que en perentorio término de 48 horas se me haga el reintegro total y en efectivo por cajero de la sede en esta ciudad capital, del importe de mi PLENA PROPIEDAD que figura en el Resumen de mi Cuenta de Capitalización Individual en esa entidad, por $5.043 (pesos cinco mil cuarenta y tres) en más o en menos, según la variación del valor cuota a la fecha.
B)    En caso de negativa o dilación a mi pedido, que podrían fundamentarse en leyes, normas y/o reglamentaciones de jerarquía total y absolutamente inferiores a la Constitución Nacional y Pactos Internacionales que dispongan cursos de acción distintos, como el hecho de devolverme lo que es de MI PROPIEDAD recién al momento futuro de la jubilación, iniciaré de inmediato las acciones administrativas y judiciales que correspondan, con pedido de Amparo por violación a las normas Constitucionales que me corresponden y que detallo más adelante, indemnización por Daños y Perjuicios Patrimoniales y Morales, violación a mis Derechos Humanos afectados, violación a normas Constitucionales sobre deberes y obligaciones de Funcionarios Públicos por ser esa entidad de carácter oficial pese a cualquier tipo de autarquía o autonomía de funcionamiento, además de acciones de carácter ejecutivo u otras que pudieren corresponder en salvaguarda de mis derechos y por cuestiones de necesidad y urgencia.
C)   A continuación detallo cuestiones personales y las normas que abonan y amparan mi solicitud y mis derechos:
--1) Soy periodista y editor. Divorciado legalmente. No resido en mi propiedad o domicilio legal de (xx), donde actualmente y por común acuerdo están mi ex esposa y mis cuatro hijos mayores y menores de edad. Resido provisoriamente y por falta de recursos económicos con familiares que colaboran incluso con mi alimentación. Estoy inscripto como autónomo y monotributista, y como actualmente no poseo trabajo ni ingresos fijos, no puedo pagar deudas contraídas con anterioridad ni mis contribuciones fiscales y aportes de obra social, por lo que tampoco contaré en poco tiempo con adecuada y buena atención médico sanitaria que por derecho me corresponde, sin considerar la brindada por el Estado que de público conocimiento es total, burocrática y lamentablemente “mala y deficitaria”, ya que los distintos gobiernos de turno no cumplen, como también es de público conocimiento, con sus obligaciones Constitucionales de brindar los adecuados beneficios en Salud, Educación, Seguridad, Justicia y otros derechos que corresponden al Pueblo de la Nación Argentina, en un verdadero sistema Representativo, Republicano y Federal.
--2) El mismo Gerente General contador Omar René Salinas, de Nación AFJP reconoce cuando expresa en una nota: “Le recordamos que sus aportes acumulados en la Administradora están individualizados, ya que Usted es el propietario exclusivo de sus fondos, que son de carácter hereditario, independientes, distintos del patrimonio de la Administradora, y están amparados por el marco legal del Derecho de Propiedad contemplado en nuestra Constitución Nacional”.
--3) La Constitución Nacional establece los siguientes derechos y garantías: “Art. 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos … de usar y disponer de su propiedad …”.
“Art. 17.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella…”
“Art. 28.- Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.
“Art. 33.- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno”.
“Art. 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva…”.
“CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. “Pacto de San José de Costa Rica”:
PREAMBULO Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención, reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos…”
Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes
“Artículo 25. Protección Judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.
--4) Además de las expresas declaraciones de los derechos que me corresponden y reclamo, establecidas en las máximas normas nacionales e internacionales de jerarquía superior a leyes o reglamentaciones que Ustedes argumentan para dilatar a un futuro incierto el reintegro de los capitales de MI PROPIEDAD, se suman cuestiones de necesidad y urgencia propias de mis Derechos Humanos de USO Y GOCE DE MI PROPIEDAD para poder cubrir deudas privadas y tributarias, de alimentación, de salud, de habitación en un ambiente digno, e incluso de mantener mi propia dignidad como “ser humano libre, exento del temor y la miseria”, tal como lo establecen taxativamente las mismas normas de DDHH reconocidas y vigentes en nuestro país.
--5) Por último, planteo mi total y absoluta desconfianza personal y que considero es generalizada, en el sistema financiero general como previsional impuesto y tantas veces cambiado, modificado, alabado y denigrado por las cambiantes políticas económicas de los distintos gobiernos de turno, que generan además una lamentable inseguridad política, económica y jurídica con lamentable desprestigio institucional interno y fuera del país.
--6) En función de éstos y de los anteriores argumentos, es que INTIMO en plazo perentorio y con pleno y absoluto DERECHO CONSTITUCIONAL al reintegro total y efectivo de mi Cuenta de Capitalización Individual de MI PROPIEDAD en esa entidad.
LUIS ANTONIO MENA
DNI 11.463.182
Cel: (0381) 155-217000
E-mail: luismena2002@yahoo.com.ar

Con fecha 16 de setiembre de 2008 recibí la siguiente respuesta:

Ref: Beneficio Previsional
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Ud. a fin de notificarle que este Depto. de Regularización Previsional ha emitido el correspondiente Informe de Solución de Reclamos sobre Beneficios (de acuerdo a lo normado en la Instrucción SAFJP nº 20/2003) en referencia al Reclamo nº 46815, que iniciara solicitando: “…se me haga el reintegro total y en efectivo por cajero de la sede de esta ciudad capital, del importe de mi PLENA PROPIEDAD que figura en el Resumen de mi Cuenta de Capitalización Individual en esa entidad, por $5.043 (pesos cinco mil cuarenta y tres) en más o en menos, según la variación del valor cuota a la fecha…”.
Al respecto le comunicamos que su cuil del reclamante egresó al Régimen de Reparto, atento la opción efectuada en los términos del art. 14 de la Ley 26.222, por lo que una vez cumplido el requisito de edad estipulado para acceder a la Jubilación Ordinaria de Capitalización, deberá presentarse ante una Sucursal de Nación AFJP y suscribir la correspondiente Solicitud de Prestaciones Previsionales.
En tal sentido, el pto. 2 de la Circular ANSeS GP 45/07, establece la forma en que se abonará el beneficio a los afiliados que cumplan con los requisitos para acceder al mismo, vale decir: “…en oportunidad de contar con las pautas para proceder a la resolución del trámite, deberá tenerse presente que al no corresponder la transferencia de los fondos acumulados en la Cuenta de Capitalización Individual, el cálculo del haber de la prestación deberá efectuarse con la metodología vigente para la resolución de las prestaciones de los afiliados del Régimen de Capitalización. En tal sentido, no deberá liquidarse la Prestación Adicional por Permanencia, salvo que en algún período posterior a 7/94 el solicitante hubiera pertenecido al Régimen de Reparto, en cuyo caso procede su liquidación en forma proporcional al tiempo de permanencia en el mismo…”.
Quedamos a su disposición para cualquier consulta sobre el tema, llamando al TE 4510-6000, o gratuitamente al 0800-555-6000, mencionando el nº de reclamo consignado en el encabezamiento.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludar a Ud. con nuestra más distinguida consideración.

Ante esa respuesta, presenté el siguiente Recurso Administrativo de Reconsideración, previo a una posible acción judicial:

San Miguel de Tucumán, 10 de octubre de 2008.

SEÑORES
NACION AFJP
TUCUMAN
REF.: Solicito RECONSIDERACION de mi Reclamo nº 46815

            LUIS ANTONIO MENA, DNI 11.463.182, con domicilio legal en (xx) de esta capital, en relación al Reclamo de referencia sobre mi Cuenta de Capitalización Individual nº 8.811.500 en esa entidad, por derecho propio planteo Recurso Administrativo de RECONSIDERACION al Informe de Solución de Reclamos sobre Beneficios emitido por Ustedes con fecha 16 de setiembre de 2008, en función de los siguientes argumentos:
D)   Impugno en su totalidad la respuesta antes mencionada por carecer de sustento fáctico y jurídico, en virtud justamente de que “egresé al Régimen de Reparto, atento la opción efectuada en los términos del art. 14 de la Ley 26.222”. Mi situación actual, futura y DEFINITIVA está relacionada totalmente con el Sistema de Reparto, por el que opté tras abandonar para siempre y rechazar el de Capitalización, sistema establecido por leyes circunstanciales de Gobiernos de turno y que demostró tener graves fallas e irregularidades. Por lo tanto, de hecho no tengo ni tendré otra relación con el Sistema de Capitalización con excepción de la RETENCION supuestamente legal PERO INDEBIDA, INJUSTIFICADA Y CONTRARIA A DERECHO de Ustedes sobre mi Cuenta de Capitalización Individual en esa entidad, por $5.043 (pesos cinco mil cuarenta y tres) en más o en menos, según la variación del valor cuota a la fecha, y que por Normas Constitucionales y Pactos Internacionales me corresponden de PLENO DERECHO y como de mi LEGITIMA PROPIEDAD, por lo que INTIMO el inmediato REINTEGRO total y en efectivo por cajero de la sede en esta capital.
E)    El DERECHO DE PROPIEDAD que tengo sobre esos fondos son innegables, inviolables, concretos y totales; al igual que el Derecho al USO Y GOCE de los mismos, y nadie puede PRIVARME de ellos. Reitero que el mismo Gerente General de Nación AFJP, contador Omar René Salinas reconoció en una nota: “Le recordamos que sus aportes acumulados en la Administradora están individualizados, ya que Usted es el propietario exclusivo de sus fondos, que son de carácter hereditario, independientes, distintos del patrimonio de la Administradora, y están amparados por el marco legal del Derecho de Propiedad contemplado en nuestra Constitución Nacional”.
F)    La Constitución Nacional establece: “Art. 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos … de usar y disponer de su propiedad …”. “Art. 17.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella…”. “Art. 28.- Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”. “Art. 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley”. “Pacto de San José de Costa Rica: PREAMBULO: … régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Reiterando que… sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos…” “Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada. 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes… “Artículo 25. Protección Judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.
G)   Agotada la vía Administrativa y en caso de nueva negativa o dilación a mi pedido, que podrían fundamentarse en leyes, normas y/o reglamentaciones que dispongan cursos de acción distintos, como el hecho de devolverme lo que es de MI PROPIEDAD recién al momento futuro de la jubilación, y que son de jerarquía total y absolutamente inferiores a la Constitución Nacional y Pactos Internacionales, iniciaré de inmediato las acciones judiciales Civiles y hasta Penales que pudieran corresponder, con pedido de Amparo por violación a las normas Constitucionales, indemnización por Daños y Perjuicios Patrimoniales y Morales, violación a mis Derechos Humanos afectados, violación a normas sobre deberes y obligaciones de Funcionarios Públicos por ser esa entidad y el Organismo de Contralor de carácter oficial pese a cualquier tipo de autarquía o autonomía de funcionamiento, además de acciones de carácter ejecutivo u otras que pudieren corresponder en salvaguarda de mis derechos y por cuestiones de necesidad y urgencia.
LUIS ANTONIO MENA
DNI 11.463.182
Tel: (0381) 4294937 / Cel: (0381) 155-217000
E-mail: luismena2002@yahoo.com.ar

Por extraña casualidad, al día siguiente de presentar la Reconsideración, la presidente Cristina Fernández de Kirchner anunció por primera vez que se enviaría un proyecto al Congreso Nacional de lo que sería la Ley 26.525.
Con fecha 17 de octubre de 2008 recibí nota como Expediente Nº 4624/08 de Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, informando que NACION AFJP debía resolver el trámite en un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles.
Con fecha 20 de octubre de 2008 inicié una demanda ante la Defensoría del Pueblo de Tucumán, como Actuación Nº 7037/08, para que se tramitara ante la Defensoría del Pueblo de la Nación. Tiempo después me informaron que debían ARCHIVAR el trámite ante la vigencia de la nueva ley previsional.
Finalmente, con fecha 07 de noviembre de 2008, NACIÓN AFJP me remite una nota destacando que esa Administradora “no detenta atribuciones jurisdiccionales para actuar en contra de una manda legal (la nueva ley), y –de considerarlo oportuno- le sugerimos se dirija a los estrados judiciales requiriendo un pronunciamiento de inconstitucionalidad”.
El texto es el siguiente:

Ref: Beneficio Previsional
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Ud. a fin de notificarle que este Depto. de Regularización Previsional ha emitido el correspondiente Informe de Reclamos sobre Beneficios (de acuerdo a lo normado por la Instrucción SAFJP nº 20/2003) en referencia al Reclamo nº 42592, que iniciara ante nuestra sucursal Tucumán y ante la SAFJP adjuntando una nota por la que manifiesta su desacuerdo con lo resuelto para el Reclamo anterior nº 46815. En tal sentido, reitera su solicitud de percibir en un solo pago el saldo de la cuenta de capitalización, expresando: “…intimo el inmediato reintegro total y en efectivo por cajero de la sede en esta capital…”.
Al respecto, analizada nuevamente la situación, corresponde reiterar en todos sus términos lo expresado en dicho reclamo, toda vez que el accionar de Nación AFJP siempre se ajustó a la normativa vigente.
Consecuentemente, considerando que esta Administradora no detenta atribuciones jurisdiccionales para actuar en contra de una manda legal –de considerarlo oportuno- le sugerimos se dirija a los estrados judiciales requiriendo un pronunciamiento de inconstitucionalidad.
Quedamos a su disposición para cualquier consulta sobre el tema, llamando al TE 4510-6000 o gratuitamente al TE 0800-555-6000 mencionando el nº de reclamo consignado en el encabezamiento.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo con nuestra más distinguida consideración.
Pablo Gimenez
Analista
Dpto. Reg. Prev. Beneficiarios.

GOLPE FINAL A MIS PRETENSIONES, CON LA “SUGERENCIA” DE ACUDIR A LA JUSTICIA PARA PEDIR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY

B) Resulta necesario un relato histórico de referencia sobre dicha ley, que transcribo de sitios de Internet:
Las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) fueron empresas privadas con fines de lucro, dedicadas a administrar los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores que optaran por ser incluidos en el régimen de capitalización individual establecido por la Ley 24.241 de reforma previsional del año 1993, en Argentina, promulgada durante el gobierno de Carlos Menem.
La AFJP percibía una comisión, deducida del aporte previsional obligatorio de los afiliados, y administraba la inversión del capital acumulado, con el doble fin de inyectar fondos en el mercado de capitales y obtener una rentabilidad para los ahorristas y para sí misma. Una vez alcanzada la edad jubilatoria, la AFJP debía entregar al afiliado el capital acumulado, en cuotas mensuales, hasta su agotamiento.
Su funcionamiento estaba regulado por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP), entidad autárquica con autonomía funcional y financiera, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo.
En noviembre de 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un proyecto de ley para eliminar tanto el sistema de capitalización como las AFJP que lo administraban, para volver, de esta manera, a establecer un régimen de reparto estatal. Tras ser aprobado por la Cámara de Diputados, el proyecto fue encaminado para sanción en el Senado. Fue finalmente aprobado por mayoría en ambas casas y se promulgó como la Ley 26.425, que dio fin a las AFJP y estatizó los fondos que se encontraban en su poder.

C) FALLOS JUDICIALES EN CONTRA DE LA LEY; Y DE LA CORTE A FAVOR:
Estatización AFJP: un fallo de primera instancia lo considera inconstitucional
Una jueza de primera instancia declaró inconstitucional la estatización de las AFJP y ordenó devolver los aportes jubilatorios a una persona. “Los aportes (tanto obligatorios como voluntarios) son una propiedad de la actora, el art.7 de la ley 26.425 es inconstitucional”. Para la Justicia, “la ley (…) ante la intención de unificar el sistema, debió prever la devolución de los fondos depositados por los afiliados al régimen privado y precisar, para el futuro, el nuevo régimen jurídico”.
La jueza de primera instancia en la Seguridad Social nro. 5, Elvira Muleiro hizo lugar parcialmente a la acción de amparo presentada por los aportes jubilatorios de una persona. Ello fue en la causa “Scotti Gisela Beatriz c/ Estado Nacional – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otros s/ Amparos y Sumarísimos” en donde se declaró inconstitucional la estatización de las AFJP.
Muleiro, dijo que “los aportes (tanto obligatorios como voluntarios) son una propiedad de la actora, el art.7 de la ley 26.425 es inconstitucional” y por tanto “la ley (…) ante la intención de unificar el sistema, debió prever la devolución de los fondos depositados por los afiliados al régimen privado y precisar, para el futuro, el nuevo régimen jurídico”.
Además, valiéndose de lo consignado por la Corte Suprema, “ni el legislador ni el juez pueden, en virtud de una ley nueva o de su interpretación arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior. En ese caso, el principio de la no retroactividad deja de ser una simple norma legal para confundirse con el principio constitucional de inviolabilidad de la propiedad”.
Siguiendo con sus argumentos, la magistrada entendió que la relación jurídica entre el afiliado y la administradora “puede definirse como aquella por la cual aquél – constituyente o fiduciante– encarga o transmite en forma periódica sus aportes previsionales a una A.F.J.P. de su elección –fiduciaria– para que los invierta de acuerdo con criterios de seguridad y rentabilidad adecuados”.
Por lo que el afiliado “tiene un verdadero derecho subjetivo de naturaleza creditoria sobre el valor del saldo capitalizado, representado en un número determinado de cuotas del patrimonio afectado al pago de las prestaciones previsionales y sujeto a un plazo incierto que, en forma alternativa, difiere su exigibilidad a la fecha del cumplimiento de la edad jubilatoria, del acaecimiento del suceso invalidante o del deceso del titular, lo que primero ocurra”.
De esta manera, califica de “falaz” el articulo segundo de la Ley 26.425. “Ello es así porque la pérdida del derecho adquirido sobre los fondos capitalizados no puede compensarse con un eventual derecho al goce de una prestación adicional por permanencia durante el periodo aportado, cuya adquisición se ve supeditada al cumplimiento de similares recaudos a los establecidos para la obtención de las demás prestaciones del régimen público” dice Muleiro.
Así la jueza decidió hacer lugar parcialmente a la acción de amparo interpuesta. En primer lugar desestimó la demanda contra la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones ya que “el acto lesivo que se cuestiona en autos no emana, ni directa ni indirectamente, de dicha entidad”.
Luego, en tanto consideró inconstitucional los “artículos séptimo de la ley 26.425, tercero inciso e) del decreto 897/07 (texto según decreto 2103/08), tercero del decreto 2104/08 y demás normas reglamentarias y complementarias”, condenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a abonarle a la reclamante lo que tenía acumulado en su cuenta al 9 de diciembre de 2008, fecha de entrada en vigor de la ley que eliminó el régimen de AFJP.
SITIOS DE INTERNET CON TEXTOS SOBRE LOS FALLOS:
http://porlaley.blogspot.com.ar/2009/04/estatizacion-de-las-afjp-se-declara-su.html
http://es.scribd.com/doc/14301027/FALLO-COMPLETO-SCOTTI-c-ESTADO-NACIONAL-
http://porlaley.blogspot.com.ar/2009/04/otro-fallo-que-rechaza-la-estatizacion.html

Muy recientemente, con fecha 26 de marzo pasado, la Corte de la Nación falló por la CONSTITUCIONALIDAD de la Ley


D) COMENTARIOS:
LA HISTORIA VUELVE A REPETIRSE. SUBVERSION INSTITUCIONAL, ECONOMICA, SOCIAL, POLITICA DE 2008/09 Y ACTUAL:
Jueves 30 de Octubre de 2008
Antonio I. Margariti
http://economiaparatodos.net/la-confiscacin-del-ahorro-jubilatorio-sigue-vigente/

La confiscación del ahorro jubilatorio sigue vigente

La insólita decisión de confiscar el ahorro que los argentinos guardaban para su vejez pone sobre el tapete una historia de voracidad fiscal y el profundo desprecio que tiene el Gobierno por los derechos y garantías individuales.
Aunque parezca mentira, el sistema de seguros sociales difundido por todo el mundo no fue obra de ningún gobierno socialista ni progresista.
Por el contrario, surgió de un aristócrata, político ultraconservador, estadista con firmes convicciones de derecha y para escándalo de la izquierda retórica, ferviente militarista germano.
Se trata del primer canciller de Alemania, Otto von Bismarck (1815-1898) , quien durante 28 años practicó una política autoritaria para conseguir la unidad alemana en beneficio de Prusia, alentó la guerra franco-prusiana, anexó Alsacia y Lorena que pertenecían a Francia y luchó encarnizadamente contra los socialistas disponiendo la creación de un Estado paternalista para proteger a los trabajadores alemanes mediante el seguro de enfermedad (1883), el seguro de accidentes del trabajo (1884) y el seguro de vejez e invalidez (1889).
El ejemplo de Alemania fue seguido de inmediato por Austria. Sólo 40 años más tarde, copiado por Gran Bretaña y Europa. Después de la crisis económica mundial de 1929, los seguros sociales se extendieron a EE.UU., Canadá y América Latina.
En nuestro país, hace cien años que las ideas de proteger a los trabajadores en su vejez comenzaron a instalarse en las etapas que reseñamos a continuación.
1. El sistema actuarial
Los seguros sociales se establecieron en Argentina durante 1904 con la ley 4.349 que creó la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Públicos. Luego, le siguieron la creación de Cajas Jubilatorias por gremios, basadas en cálculos actuariales.
En 1915, la Caja de Maquinistas de la Fraternidad (Ley 9.653); en 1918, la Caja del Personal Ferroviario (Ley 10.690); a continuación, en 1921, la Caja de Servicios Públicos (Ley 11.110); en 1923, la Caja de Bancarios y Empleados del Seguro (Ley 11.232); en 1928, la caja para Empleados del Comercio e Industria (Ley 11.289); en 1939, la caja de Periodistas y Personal Gráfico (Ley 12.581) y la Caja del Personal de la Marina Mercante (Ley 12.612).
Estas Cajas Gremiales eran autónomas. Estaban organizadas mediante rigurosos cálculos financieros efectuados por una pléyade de actuarios que establecieron un sistema de imposiciones mensuales, por período vencido, colocadas a una tasa de interés compuesto.
Con esas imposiciones mensuales constituían un fondo para atender las rentas vitalicias diferidas que los afiliados iban a percibir a partir del momento de su jubilación hasta su muerte, la del cónyuge o del hijo incapacitado.
Los cálculos financieros tenían en cuenta las expectativas de vida y utilizaban tablas de mortalidad y conmutación a distintas tasas anuales. Fueron realizadas por ilustres actuarios: José González Galé, Argentino Acerboni, Filadelfo Insolera y Giorgio Mortara, maestros actuariales que proporcionaron las bases científicas de estas cajas verdaderamente inconmovibles. Sus libros de texto mantienen una sorprendente actualidad y podrían servir perfectamente hoy en día para hacer las cosas bien.
2. El sistema de reparto
Con el surgimiento de la “Nueva Argentina” ideada por Juan Domingo Perón, de un plumazo se tiró abajo el sistema basado en el cálculo actuarial. Mediante los decretos 31.665/44 y 12.937/46 se dispuso la generalización de los seguros sociales a través de un pozo común y se crearon las Cajas de Empleados de Comercio, del Personal de la Industria, de Trabajadores Rurales, de Profesionales y Trabajadores Independientes y de Empresarios.
El proceso de estatización peronista sustituyó el sistema actuarial de las viejas Cajas Gremiales por el sistema de reparto, copiando un ingenioso procedimiento ideado después de la Segunda Guerra Mundial por el actuario alemán Wilfred Schreiber.
Como en Alemania estaban destruidas las empresas industriales y los comercios estaban hechos añicos, arrasados los archivos y desaparecida toda clase de documentación, no había manera de recuperar datos del viejo sistema actuarial de jubilaciones. Entonces, a Wilfred Schreiber se le ocurrió organizar –temporariamente- las jubilaciones como un pacto entre la generación joven y los ancianos, de manera que los primeros se hicieran cargo de la pensión de los segundos con la esperanza de recibir el mismo trato cuando hubieran envejecido. Contó para ello con la colaboración de un grupo de economistas y filósofos comprometidos con la Economía Social de Mercado: Hans Achinger, Joseph Höffner, Hans Muthesius y Ludwig Neundörfer, el segundo de los cuales era arzobispo de Colonia, (Neuordnung der sozialen Leistunge, Bonn 1946).
La idea del reparto -básicamente transitoria- fue plagiada por el primer gobierno peronista de 1946, aunque se respetó la tradición de documentar los aportes individuales para que no cayeran en el pozo ciego de la gran piñata social.
De manera que los trabajadores recibían una libreta jubilatoria individual en la que el empleador pegaba todos los meses una estampilla con el importe aportado. Cuando se completaban los casilleros, la libreta simplemente se presentaba en la caja pertinente y el trabajador recibía el beneficio jubilatorio.
Mientras millones de cotizantes depositaban sus aportes y los jubilados eran pocos, sobraba dinero. De allí el gobierno peronista comenzó a utilizarlo para pagar los despilfarros del presupuesto. A partir de la crisis de 1952, Juan Perón se encontró entre la espada y la pared. Echó mano de los fondos jubilatorios y los reemplazó por obligaciones previsionales a perpetuidad con tasas de interés más bajas que la inflación. El llamado “empapelamiento” de las cajas llegó a u$s 1.500 millones de ese entonces.
Quince años más tarde, el gobierno militar de Juan Carlos Onganía hizo lo mismo desde el ministerio de bienestar social de Roberto Petracca: entregó las obras sociales a los sindicatos, concentró a los jubilados en el Pami y volvió a meter la mano en las cajas jubilatorias contra entrega de nuevos títulos sin respaldo. Idéntica decisión adoptó el gobierno de Agustín Lanusse en 1972 cuyo primer ministro de economía fue Aldo Ferrer. En el año 2000 durante la desafortunada gestión presidencial de Fernando de la Rúa, el ministro Domingo Cavallo obligó a las AFJP a comprar títulos públicos para evitar el default. Es decir que peronistas, radicales, progresistas de izquierda y militares de derecha, todos metieron su mano codiciosa en las arcas del sistema jubilatorio argentino para financiar gastos corrientes.
Así comenzó el desfinanciamiento del sistema de reparto, cuya crisis se agravó con el tiempo. Los gobiernos democráticos y de facto comenzaron a repartir jubilaciones de privilegio y pensiones graciables a quienes nunca habían aportado nada. Incluso todavía subsiste un selecto pero secreto núcleo de políticos que gozan del privilegio de percibir jubilaciones en dólares por cifras que oscilan entre u$s 5.000 y u$s 19.000 mensuales.
La relación entre cotizantes y beneficiarios se desmejoró aceleradamente, pasando de 6 cotizantes a 1,3 x pasivo jubilado, por lo que los fondos ya no alcanzaron para pagar a quienes reclamaban sus derechos. Dentro de este caos financiero, se dictaron leyes inaplicables, como las que disponían el beneficio del 82% a jubilados y del 75% a pensionados. También resultó abstracta la disposición constitucional del art. 14 bis que establecía la movilidad de las jubilaciones y pensiones. El sistema de reparto entró en quiebra a principios de la década del 90, con cuantiosas deudas acumuladas que no podían ser pagadas.
3. El sistema de capitalización
La situación comenzó a solucionarse durante la convertibilidad, con el reconocimiento de las deudas previsionales, el pago de los compromisos con fondos obtenidos en las privatizaciones de empresas públicas y la emisión de bonos previsionales.
Además, como el sistema de reparto era incorregible, se adoptó un sistema de capitalización y se encargó su gestión a diversas administradoras públicas y privadas, llamadas AFJP. Este sistema fue idéntico al adoptado en Chile en noviembre de 1980, por el decreto-ley 3.500 durante la gestión de Hernán Büchi y José Piñera. El sistema de capitalización se basa en distinguir jurídicamente los fondos jubilatorios del patrimonio de las entidades administradoras y en exigir la identificación de los aportes de los trabajadores mediante cuentas individuales de capitalización. Cada uno sabe cuánto ha ahorrado para su vejez y cuánta es la renta que va a recibir con su capital acumulado. En 26 años de funcionamiento, las AFJP chilenas llevan acumulados u$s 92,4 mil millones, tres veces más que nuestras administradoras, pero gozan del derecho a decidir dónde hacer sus inversiones, por lo que han logrado exportar capitales chilenos a los principales países de América Latina, incluyendo Argentina.
Nuestro sistema de capitalización arrancó con los mismos vicios del sistema de reparto: fue obligatorio para todo el mundo, creó un mercado cautivo de cotizantes, estableció comisiones y seguros de invalidez excesivamente elevados, obligó a la aplicación de fondos en títulos del Estado hasta el 60 % de la cartera y sólo admitió la elección entre compañías que operaban en un mismo y único sistema, prohibiendo establecer otro sistema diferente. Las indudables ventajas frente al quebrado sistema de reparto eran la aparición de cuentas individuales de previsión y la creación de fondos fiduciarios independientes del patrimonio de las administradoras.
Sin embargo, la caída de la convertibilidad, como consecuencia del excesivo aumento del gasto público y su financiamiento con emisión de deuda, hizo que el Estado se apoderase por la fuerza de los fondos disponibles en las AFJP a cambio de títulos públicos que fueron defaulteados. De esa forma se produjo una verdadera confiscación de los ahorros acumulados por los cotizantes, quienes se ilusionaban con jubilarse mediante la renta de las inversiones realizadas con sus ahorros.
Así y todo, el sistema de fondos fiduciarios independientes fue lo suficientemente sólido como para que pudiera exhibir un formidable capital con rendimientos de históricos del 13,9 % anual y del 7 % real al cierre del tercer trimestre de 2008, excepto una caída durante octubre donde tuvieron rentabilidad negativa como consecuencia de la abismal caída de los títulos públicos argentinos.
4. El retorno al sistema del reparto
La enorme masa de fondos acumulados por las AFJP no hizo más que aumentar la codicia sin límites del gobierno de los Kirchner.
Primero, pensaron en obligar a las administradoras a invertir esos fondos en proyectos energéticos que no tenían rentabilidad alguna porque estaban vinculados con tarifas congeladas. Eso no fue técnicamente posible.
Al mismo tiempo, se largaron a repartir jubilaciones sin aportes previos, a cualquiera que quisiese recibir una prebenda electoral. Casi un millón doscientos mil nuevas jubilaciones surgieron de la noche a la mañana y comenzaron a demandar fondos que se aproximan a 2,5 mil millones de pesos anuales.
Esta situación hizo que fuera necesario adoptar una solución política, planteando la libre opción del retorno al sistema de reparto, con el fin de captar aportes de nuevos cotizantes y, de este modo, disponer del dinero suficiente para cubrir las jubilaciones regaladas pródigamente. Esa decisión de febrero 2007 fue un fracaso político porque 8 de cada 10 afiliados decidieron permanecer en una AFJP.
Curiosamente, volvió a repetirse la misma situación que, en 1953 permitió la despectiva respuesta del entonces ministro del Interior Ángel Gabriel Borlenghi, en oportunidad de tratarse la iniciativa parlamentaria de jubilaciones para empresarios, profesionales, trabajadores independientes y amas de casa.
Cuando se le señaló que esas jubilaciones engendraban pasivos actuariales imposibles de ser cancelados en el futuro, con gran desparpajo dijo: “Nosotros establecemos los beneficios sociales… que la cuestión del cálculo actuarial la arreglen los que vengan dentro de 20 años”.
Tanto ayer como hoy no pueden dejar de relacionarse estos hechos con el recuerdo del famoso libro de Pauwells y Bergier: “El retorno de los brujos”.
5. El inexplicable tiro de gracia
Como consecuencia de un inocultable déficit de caja, el gobierno de Cristina Kirchner intentò sancionar un confiscatorio impuesto a las exportaciones agrarias denominado “retenciones” que llegaban al 60 % del valor FOB de los productos granarios. El deliberado propósito expoliatorio de este proyecto, denominado Resolución 125, provocó una verdadera rebelión social y el parlamento no tuvo más remedio que anular tamaño disparate.
Sin embargo, al persistir el déficit real del presupuesto, distinto del superávit proclamado, el gobierno de la señora Cristina se encontró con la negativa del bolivariano Hugo Chávez quien no pudo financiar más las arcas argentinas como consecuencia de la meteórica caída del precio del petróleo. Tal es la razón por la cual el matrimonio Kirchner, intentó convencer a tres bancos internacionales para que negociaran la reapertura del canje de deuda con los holdouts y el Club de París, pero con la condición de recibir dinero fresco adicional. Finalmente, la crisis financiera mundial y la desconfianza hacia la verdad de las cuentas del gobierno argentino les cerraron todas las puertas. Entonces y en solitario, decidieron la confiscación arbitraria y brutal de todos los fondos acumulados por las AFJP desde 1994 al presente.
Esta es la razón de la más extraña maniobra financiera ocurrida en los últimos años en el mundo civilizado.
En febrero de 2007 el anterior gobierno de Néstor Kirchner había intentado convencer al pueblo que debían abandonar el sistema privado de capitalización y pasarse al paradisíaco sistema de reparto que él ofrecía. Después de una intensa campaña pública y del dictado de la ley 26222, denominada de “libertad de elección provisional”, sólo 1.905.808 afiliados decidieron regresar al sistema estatista de reparto y 9.504.770 optaron por ratificar individualmente su deseo de permanecer en el sistema privado de capitalización. Fue una verdadera derrota política.
Esos 9,5 millones de afiliados habían acumulado desde 1994 una masa de capital e intereses de $ 94.345,1 millones (equivalentes a u$s 30.000 millones) y además el sistema de AFJP recaudaba anualmente la cifra de $ 14.980,2 millones (equivalentes a u$s 5.000 millones). La mayor parte del ahorro nacional de las clases medias estaba concentrado en esos fondos previsionales que no dejaron de tentar a un gobierno que se resiste a gobernar con austeridad y moderación porque su poder político depende de adhesiones obtenidas mediante dádivas, subsidios y repartos de sobreprecios en licitaciones sospechadas por la propia justicia argentina.
De este modo, el matrimonio presidencial -sin consultas ni acuerdos de ministros- resolvieron dictatorialmente estatizar el sistema jubilatorio argentino y apoderarse de la cuantiosa reserva acumulada en Bancos locales, Caja de Valores y Entidades financieras del exterior.
Si consiguen su propósito, con el apoyo de legisladores oficialistas y opositores, Argentina habrá involucionado en forma inexplicable y los aportantes del sistema jubilatorio verán amenazado el futuro de sus vidas con el mismo calvario que padecieron otras generaciones tal como lo demuestra nuestra desdichada historia previsional.
Sólo resta la esperanza de que la racionalidad y la conciencia de responsabilidad de los legisladores impidan esta incalificable confiscación de bienes que, como proclama el Art. 17 de la Constitución Nacional, “ha sido borrada para siempre de las leyes argentinas”. © www.economiaparatodos.com.ar


Lunes 12 de Enero de 2009
Roberto Cachanosky
http://economiaparatodos.net/de-nuevo-las-dos-d/

De nuevo las “dos D”

Los fantasmas de la devaluación y el default que nos visitaron en 2001 vuelven a acecharnos.
Corría el año 2001 y el comentario era que se venían las “dos D”. Una por devaluación y otra por default. En algún momento se llegó a hablar de las “tres D”, agregando a las primeras dos la “d” de dolarización, aunque, en rigor, esta tercera lucía bastante improbable, como finalmente ocurrió.
Nuevamente, aunque no en forma explícita, hoy se habla de las “dos D”: devaluación y default. Es que todos están esperando un salto importante en el tipo de cambio y, además, existen fuertes sospechas de la imposibilidad que va a tener el Gobierno para enfrentar los vencimientos de capital e intereses de la deuda pública de este año. Y mejor no hablar del 2010, porque la situación es mucho más complicada.
Es que con la política de Néstor Kirchner es como si hubiésemos vuelto al punto de partida antes de la devaluación. La economía está en recesión fuerte como en el 2001, hay expectativas de devaluación, default y, aunque parezca mentira, también la gente tiene miedo a una nueva confiscación, en este caso agravada por el desprecio a la propiedad privada que ha demostrado tener el ex presidente. La gente sabe que, a la hora de salvarse, no tiene límites en lo que puede llegar a hacer.
¿Por qué el miedo a un nuevo default? Por las mismas razones que en el 2001. Argentina tiene cerrado el acceso al mercado voluntario de crédito, la recaudación viene en baja y es evidente que el superávit fiscal no alcanza para pagar U$S 4.359 millones de intereses y U$S 15.585 millones de capital. Para tener una idea de la situación, en el 2008 vencieron U$S 6.448 millones entre capital e intereses y el matrimonio tuvo que llegar al extremo de pedirle prestado a Chávez a tasas de default, encarar un interminable conflicto con el campo por la 125 para obtener más fondos para las arcas del Estado y confiscar los ahorros de la gente en las AFJP. Si en el 2008 tuvieron problemas para enfrentar los vencimientos de menos de la mitad de capital e intereses que este año, el 2009 luce bastante difícil. Agreguemos que en el 2010 vencen U$S 12.652 millones y en el 2011 otros U$S 14.237 millones. Es decir, se vienen tres años muy complicados en materia de vencimientos de deuda para un gobierno que ha hecho lo imposible para ser ignorado en los mercados crediticios. Dudo que nadie en el mundo vaya a mover un dedo por salvar a un gobierno que no se ha ganado la simpatía de nadie en el exterior.
Lo curioso es que todo este problema se produce a pesar de la tan declamada política de desendeudamiento y la bravuconada de pagarle al contado al FMI para demostrar una falsa independencia del país. Digamos que para Néstor el costo de truchar los números del INDEC para esconder la realidad puede derivar en otra confiscación o default, terminando de liquidar su escasa imagen positiva.
¿Por qué el miedo a una devaluación? Por varias razones. En primer lugar, porque por efecto de la inflación que generó el Banco Central en los últimos 5 años, el tipo de cambio real fue licuado volviendo a los niveles del 2001. Para el caso del campo es peor porque ahora tiene retenciones sobre sus exportaciones, impuesto que no había en el 2001. Para la industria, que siempre ha reclamado un tipo de cambio alto, este tipo de cambio es inaceptable.
Paralelamente, desde el inicio de la crisis internacional, Brasil ha devaluado el real respecto al dólar en un 50%, un dato no menor, dado que casi el 20% de las exportaciones tiene o tenía como destino Brasil. Si en los últimos 6 años siempre tuvimos déficit de balance comercial bilateral y, encima creciente, siendo que Brasil revaluaba el real, es de imaginar el lío que va a tener Néstor con este tema. Además, con que un par de empresas industriales le pongan 1000 personas en la calle, el conflicto político que va a tener va a ser descomunal. Enfrentarse con el campo y con la industria al mismo tiempo puede llegar a ser una jugada peligrosa.
Un tercer argumento tiene que ver con los ingresos tributarios y la delicada situación fiscal. Los derechos de exportación llegaron a representar el 13% del total de los ingresos impositivos. Con el dólar alto y retenciones cada vez mayores, Néstor conseguía dolarizar parte de los ingresos fiscales con costos en pesos bajos medidos en dólares. Los aumentos del gasto público junto con un tipo de cambio quieto durante 5 años hicieron que perdiera el beneficio de tener dolarizados parte de sus ingresos. ¿Cómo soluciona ese problema? Subir retenciones sería un poco complicado. Por más que lo mande a Moreno, difícilmente Néstor pueda llegar a cambiar los precios internacionales. Le queda devaluar nuevamente para intentar mejorar la caja.
Por supuesto que una devaluación no resuelve ningún problema estructural, simplemente cambia los precios relativos, perjudicando a los que viven de ingreso fijo, pero con los limitados y primitivos conocimientos de economía de Néstor, la devaluación puede llegar a ser un último intento, por cierto infructuoso, por salvar el barco del naufragio.
En definitiva, aunque parezca mentira, luego de haber puesto el corralito, confiscado y pesificado los depósitos, devaluado y defaulteado, hoy estamos igual que cuando se hizo ese fenomenal zafarrancho. Problemas para pagar la deuda, problemas cambiarios, confiscación de los ahorros en las AFJP y números fiscales que hacen agua. Otra vez las “dos D” aparecen en el horizonte producto de la incompetencia de Néstor para manejar el país. © www.economiaparatodos.com.ar

E) CONCLUSION:
Considero que mis DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES fueron violados, vulnerados y pisoteados por LOS TRES PODERES DEL ESTADO ARGENTINO, y en ese sentido solicito la intervención de los Señores Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Si resultara factible y necesario, también su elevación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Solicito además que se evalúen los DAÑOS Y PERJUICIOS materiales y morales ocasionados, con gestión de reintegro de capital, intereses e indemnizaciones que pudieran corresponder.

Saludo a Ustedes con distinguida consideración y respeto.


LUIS ANTONIO MENA
DNI 11.463.182
TUCUMAN, ARGENTINA

8 comentarios:

Anónimo dijo...

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